Durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, Cristina Kirchner reveló, con afirmaciones, insinuaciones y gestos, cuál es su prioridad para los próximos veinte meses: conseguir un blindaje institucional y económico para enfrentar la salida del Gobierno. Para armar esa coraza apelará al único recurso que conoce: una mayor concentración de poder.

La liturgia de anteayer comenzó, en realidad, el jueves pasado, cuando “designó” al nuevo titular del Senado, Gerardo Zamora. La primera consecuencia de esa decisión ya se produjo: la Presidenta puso de relieve que la inquieta la línea sucesoria. Fue una humillación para la desplazada Beatriz Rojkés de Alperovich, esposa del gobernador de Tucumán. También para los que aspiraban a sucederla: Miguel Pichetto, Aníbal Fernández y Marcelo Fuentes. Los tres discutieron a los gritos con Carlos Zannini, a cuya influencia atribuyen el menosprecio de “la jefa” por “los soldados de Perón”. Zannini agradece la sobreestimación.

Ese desdén por el PJ tuvo anteayer otra manifestación: si fuera por la Presidenta, la política argentina se reduciría a tres protagonistas: ella, la UCR y Mauricio Macri. Sergio Massa y Daniel Scioli ni merecen un insulto. Pero el enfado de los senadores peronistas es engañoso. Al desconsiderarlos, la señora de Kirchner los liberó. Casi todos están en conversaciones con quienes les permitan seguir siendo oficialistas más allá de 2015. El primero es Pichetto, candidato a gobernador de Scioli en Río Negro.

Para Boudou, en cambio, la selección de Zamora es otro motivo de desdicha. El vicepresidente acaba de ser mencionado en el Reporte Anual sobre Derechos Humanos de los Estados Unidos por su participación en el escándalo Ciccone.

El fiscal Jorge Di Lello pidió su indagatoria. Y salió a luz un contrato de 10 millones de pesos que intentó firmar con la Universidad de San Martín por tareas desconocidas.

Éste es el contexto de la promoción de Zamora, que Cristina Kirchner presentó como un “rescate de la idea de concertación (…) porque una decepción debe ser la excepción y no la regla”. Es decir: comparó al santiagueño con Julio Cobos, como si estuviera eligiendo un nuevo vicepresidente. Se entiende, entonces, que los senadores del PJ estén especulando con una licencia de Boudou. Explican que “después del informe norteamericano la incógnita no es cuánta presión resiste la Presidenta, sino el juez”, que es Ariel Lijo. Boudou está más inquieto por su abogado, Darío Richarte: lo angustia saber que forma parte del entorno de Sergio Massa, su peor enemigo.

La muralla pretende extenderse de la línea sucesoria a la Justicia. La Presidenta defendió de nuevo el “control popular” sobre los jueces, que siempre es el control del Poder Ejecutivo. Frustrada la “democratización”, sueña con nombrar magistrados alineados con el “proyecto nacional y popular”. Ella misma condujo la operación por la cual La Cámpora capturó la comisión de designaciones del Consejo de la Magistratura. Ricardo Lorenzetti confesó su preocupación a los nuevos titulares del Consejo, Alejandro Sánchez Freytes y Ricardo Recondo. Ahora temen que los amigos de Máximo Kirchner desembarquen en la Asociación de Magistrados. La hendija es el rencor del juez Mario Fera, desplazado de la presidencia del Consejo, hacia el líder de la Asociación, Luis María Cabral. Faltaría que la Presidenta sedujera a Sánchez Freytes con elogios como los que le dedicó anteayer. El vector que impulsa el “control popular de la Justicia” ya no es el caso Clarín. Ni siquiera el caso Ciccone. Es la causa Báez, que salpica al joven Kirchner.

El discurso ante el Congreso, que debería haber comenzado con el eslogan “dicen que soy aburrida”, exhibió a las Fuerzas Armadas como otro engranaje defensivo. La Presidenta dictaminó que los militares se integraron a la sociedad, como si reviviera el Operativo Dorrego. Los conduce César Milani, general acusado de violaciones de los derechos humanos que propone que el Ejército sea “parte de un proyecto político”. Justo cuando la comandante en jefe presume que las sórdidas policías la dejarán a merced de saqueos y revueltas.

La jerarquización de Milani hace juego con otro anuncio: la regulación de las protestas. Las movilizaciones sociales ya no expresarían, como decía Néstor Kirchner, a “una sociedad que fluye”. Son el nuevo rostro del golpismo. La lección venezolana demanda, por lo tanto, un general bolivariano.

Pero a Milani -igual que ahora a la Presidenta- no le gusta que lo identifiquen con el chavismo. Alineado con el programa de defensa de los Estados Unidos, el general preconiza la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. El nuevo responsable de esa área, Nicolás Dapena Fernández, es su ahijado político.

El abandono de la doctrina según la cual debe impedirse la intervención militar en cuestiones internas es otro aspecto de la grotesca vuelta en U de la Presidenta en su relación con los Estados Unidos. Anteayer consiguió hablar tres horas sin que se le escapara una palabra sobre las acusaciones del Departamento de Estado, que, además de inculpar a Boudou, acusó al Gobierno de atacar a la prensa. Elogió a Barack Obama, a Jimmy Carter y hasta a George Bush. Y pidió a la oposición y a la comunidad judía que la ayuden a denunciar su acuerdo con Irán por el atentado contra la AMIA.

La Presidenta atribuye ese convenio a su candoroso empeño de tomar declaración a los acusados iraníes. Olvida que el memorándum creó una “comisión de la verdad” para que Teherán revise todo el expediente judicial.

Para calibrar las consecuencias de la irrupción del alicate de Héctor Timerman en un avión militar norteamericano, y de su aproximación a Mahmoud Ahmadinejad, Cristina Kirchner necesitó, al borde del default, que el caso de los holdouts llegue a la Corte de los Estados Unidos. También en este trámite sobresale la impericia. Ahora que contrató como patrocinante al ex abogado de la administración Bush Paul Clement, el Gobierno pidió que el caso sea tratado por los tribunales ordinarios de Nueva York, y no por los federales, como ocurrió hasta ahora. Si la Corte le diera la razón, Boudou, Lorenzino y el estudio Cleary-Gottlieb, que inició el litigio, merecerían el premio a la mala praxis.

Los juglares que aplaudían a la señora de Kirchner por ser “una vieja terca” ahora elogian su espíritu de enmienda. Pero el giro diplomático obedece a penurias financieras, no a un cambio de concepto. Ella insistió ante la Asamblea Legislativa con su visión de la economía: los problemas no se deben a la inconsistencia de su política, sino a la perversidad de los mercados.

La Presidenta no advirtió la diferencia entre esta visita al Congreso y las anteriores: este año, por primera vez, debía proponer una salida a la inflación porque su gobierno ya admitió que llegó a un 3,7% mensual. La resistencia a reconocer los desajustes llegó a extremos irrisorios. Leyó un elogio del Banco Mundial a sus programas sociales. Pero omitió que el párrafo anterior del documento advierte sobre las calamidades macroeconómicas del país (www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview ).

La Presidenta explicó que las corridas cambiarias se deben a un afán destituyente, no a que el público huye del peso para resguardarse de la inflación. La inflación, a su vez, obedece a la voracidad de los empresarios, que, como si fueran un partido político, son capaces de renunciar a su propio afán de lucro con tal de socavar al Gobierno. La caída de la producción, sobre todo en el sector automotor, es culpa del enfriamiento de Brasil, no de la Argentina. Y si hay un déficit energético, es por el éxito en la expansión del consumo, un argumento con el que el antikirchnerista Alberto Fernández ya defendía a los Kirchner en enero de 2008.

La creencia en la que se asientan estos diagnósticos afloró cuando, en un arrebato, la Presidenta dijo que los “buenos argentinos” vuelan en la aerolínea del Estado, no en una privada. Lo privado, ya se sabe, no es patriótico. Y si reclama, tampoco es democrático.

La radicalización del intervencionismo que se corresponde con este postulado es la última placa del blindaje: anteayer se anunciaron leyes de “defensa del consumidor” para penalizar a los comerciantes y un código contencioso-administrativo que reducirá al extremo el derecho a litigar contra el Estado. Exquisita estrategia para atraer inversiones.

La Presidenta ya intentó, durante más de una década, un estatismo sin Estado. Ahora apuesta a un estatismo sin recursos. Camina así hacia el peor de los ajustes: el que la obliga a pagar los costos políticos sin modificar las expectativas económicas.

Fuente: lanacion.com.ar

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