En un medida sin precedentes similares entre las causas judiciales de corrupción que se investigan en los últimos años en la Argentina, el fiscal Gerardo Pollicita pidió esta mañana una nueva declaración indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner:. En el marco de otro expediente en el que la investiga como jefa de una posible “asociación ilícita”, el fiscal solicita que se la indague por otros dos delitos de corrupción que habrían sido cometido mediante un sistema basado en operaciones ilegales de obra pública que enriquecieron a la familia K, desviando fondos estatales multimillonarios a su “amigo” y repentino constructor, Lázaro Báez.

Para Pollicita, ese “sistema”, que la ex mandatario heredó de la gestión de su esposo Néstor, y que profundizó, podría enmarcarse en los delitos de administración infiel en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Piden la indagatoria de Cristina por fraude en la obra pública a favor de BáezSegún el Código Penal, el primero tiene una pena de dos a seis años de prisión; y el segundo prevé un castigo de uno a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer funciones estatales”.

Pollicita le solicitó al juez del caso, Julián Ercolini, que también cite a declarar como imputado a Lázaro Báez, preso por otro expediente que lo investiga por lavado de dinero. Y a otros 31 ex funcionarios nacionales y provinciales a los que acusó de formar parte de este esquema ilegal ejecutado durante años. Entre ellos se encuentran el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subssecretario del área, Abel Fatala; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, primo del ex mandatario santacruceño; y el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional, Nelson Periotti.

Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, el juez Ercolini aceptaría las medidas pedidas por el fiscal Pollicita. Acaba de impulsarse, entonces, una “mega-causa” judicial CFK; son las iniciales de Cristina Fernández de Kirchner.

Aunque la ex presidenta es investigada por la propia dupla Pollicita-Ercolini, y por otros jueces y fiscales que avanzaron en expedientes que complicaron y complican a la familia Kirchner, esta causa, el detalle de las maniobras presuntamente delictivas, y el listado de ex funcionarios acusados de haner integrado una “matriz” de corrupción es el más amplio y profundo de la organización recaudatoria que habría aumentado el patrimonio privado de los Kirchner, y también el de Báez.

La investigación podría ampliarse hacia otros protagonitas de la administración pública K que con sus medidas enriquecieron a empresarios amigos del poder.

Y, según el fiscal, podría ser utiliado en otras causas sobre la posible corrupción de la gestión Kirchner, siempre girando alrededor de los negocios de obra pública.

En un escrito de 169 páginas, basado en información oficial, repleto de detalles, Pollicita explicó que busca investigar cómo “las más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en primer término por el ex presidente Néstor Kirchner y luego por su esposa, la ex primer mandataria Cristina FERNANDEZ de KIRCHNER, quienes conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos, entre los que se puede mencionar a Lázaro Antonio BÁEZ, se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos”. Y agrega que esto es una evidencia de “una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción”.

El fiscal Pollicita hace una conexión en esta causa de otras investigaciones que llevaron adelante otras autoridades judiciales contra presiones del poder K, como el caso Hotesur, liderado en su momento por el juez Claudio Bonadio –ahora bajo la instrucción del propio Pollicita-, y describe vínculos de su pesquisa con otras que se tramitan en torno a los manejos sospechosos de los Kirchner y los Báez, como el expediente de lavado de dinero conocido como “La Ruta del Dinero K”, cuya instrucción lidera ahora el fiscal Guillermo Marijuán, después de años de estar bajo liderazgo operativo del magistrado Sebastián Casanello.

En su escrito, Pollicita difunde datos oficiales y concretos que le dan solidez a su hipótesis.

El fiscal describe cómo en el 2003 Báez era un monotributista que ganaba de sueldo 3500 pesos como empleado de la gobernación de Santa Cruz.

“Apenas un mes más tarde, en julio de 2003, ya encontrándose Néstor KIRCHNER en ejercicio de la Presidencia de la Nación, BÁEZ se inscribió en el Impuesto a las Ganancias”, redactó en su escrito. Y apuntó: “Para ese entonces había dejado de ser únicamente un empleado estatal para convertirse en accionista de la primera de sus empresas dedicadas al rubro de la construcción, Austral Construcciones S.A., constituida en mayo de 2003”.

La facturación del ex monotributita Báez creció, según información judicial, alrededor del 48 mil por ciento en doce años.

Parte de esa plata terminó en cuentas privadas de la familia Kirchner, sostiene el fiscal: “A modo de ejemplo, es dable señalar que en el marco de esos actuados, logró determinarse como al menos entre los años 2008 y 2013, Lázaro BÁEZ alquiló y explotó los hoteles Alto Calafate y Las Dunas pertenecientes a los ex mandatarios, reportándoles al menos durante esos cinco años y únicamente por el primero, una ganancia aproximada de más de cuatro millones de dólares estadounidenses y doce millones de pesos, incrementando de tal manera su patrimonio a través del dinero que provendría, como se dijo, de las ganancias ilegales que acarrearon esas contrataciones, todo lo cual permite tener acreditado la verosimilitud del derecho invocado”.

Pollicita detalla también, siempre con aportes documentales oficiales, que la mayor parte de las licitaciones públicas que ganaron las empresas constructoras de Báez fueron teledirigidas para que sea él quien se las adjudique. Da varios ejemplos de esos casos. Y además remarca que muchas de la infraestructura que Báez cobró por adelantado, terminó en la nada. Desde el Estado se habría decido no controlarlo.

Escribió Pollicita: “Los acusados lejos de velar por los “intereses confiados” —en autos los de la administración pública— a través de un gran número de conductas irregulares quebrantaron el deber de fidelidad que tenían para con los bienes del Estado e hicieron prevalecer el “interés personal” de los ex presidentes que pretendió beneficiar a su socio y amigo personal, para garantizarle un lucro indebido a costas del patrimonio del Estado”.

Para lograrlo, los ex presidentes Kirchner, dice Pollicita,implementaron un plan para que Báez sea el principal beneficiario de la obra pública nacional de Santa Cruz, a su vez, la provincia más favorecida por ese negocio.

El fiscal remarca que Báez es el único de los contratistas para construir infraestructura pública al que el Estado le pagó todo lo que le debía. El Gobierno con él tiene esta deuda: cero centavos. No pasa con ningún otro empresario de la construcción con más décadas y eficacia en el mercado que este santacruceño que armó un holding extraordinario en solo doce años.

Fuente: clarin.com

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