Es Carlos Liuzzi. Fue quien llamó a Oyarbide para frenar el allanamiento a la financiera Propyme. Es la mano derecha del secretario Legal y Técnico y tiene un juicio por enriquecimiento ilícito, entre otros.

“La Presidenta no puede pagar este costo político por mi culpa”. Así, en la intimidad, el subsecretario de Legal y Técnica Carlos Liuzzi justificó en las últimas horas la presentación de su renuncia luego del escándalo que se desencadenó, hace un mes, cuando el juez Norberto Oyarbide reveló que paró un allanamiento por una llamada del funcionario, pudo saber Clarín. El segundo de Zannini no es un político, más bien todo lo contrario, pero tiene muy claro el impacto negativo que significan para el Gobierno las denuncias periodísticas, y luego judiciales, en su contra por su abultado patrimonio y su confusa relación con la consultora Adconsa, de su amigo Gustavo Benvenuto.

A Liuzzi le preocupa el impacto sobre Cristina, y especialmente sobre su “jefe”, como denomina al influyente Carlos Zannini.

La renuncia no fue aceptada hasta ahora por la Presidenta, pero sigue a su disposición.

La decisión de la Sala II de la Cámara Federal, el miércoles pasado, de reabrir la causa por supuesto enriquecimiento ilícito fue un golpe muy fuerte, e inesperado para Liuzzi. La noticia aceleró la definición sobre quién ejercerá su defensa en Comodoro Py. No es un dato menor, teniendo en cuenta el impacto que tienen determinados abogados y estudios en las causas de corrupción.

Sin definiciones, el segundo de Zannini viajó este fin de semana, junto a su mujer, a Punta del Este, un destino que frecuente hace muchos años, para intentar tomar distancia del escándalo.

La Justicia investiga si se enriqueció de manera ilegal desde su ingreso al kirchnerismo, en 2003. También fue denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans a raíz de una investigación de Clarín que reveló sus contactos con la consultora Adconsa, con contratos en la Secretaría Legal y Técnica desde 2006 hasta la actualidad. El escándalo salpica de lleno a Zannini, quizás el único funcionario de peso que venía “invicto” dentro del Gobierno. El funcionario dio a entender que es una maniobra de un sector del PJ contra su posible candidatura presidencial. Y aprovechó para levantar el perfil en las últimas semanas. En la intimidad, Liuzzi asegura que las denuncias son parte de “una campaña en su contra” de empleados y ex empleados de la secretaría. “Yo laburo todo el día y pretendo que todos hagan lo mismo, pero en el Estado están acostumbrados a otra cosa”, se queja el funcionario por estas horas.

Liuzzi entiende que las denuncias sobre su crecimiento patrimonio son injustificadas. No es lo mismo que opinan en la Casa Rosada. La polémica no es nueva: arrancó en 2012, luego de una investigación de Perfil.com, que puso la lupa sobre sus declaraciones juradas y detectó un aumento de 38 veces entre 2003 y 2011.

El funcionario cree que también “actuó bien” cuando llamó a Oyarbide para avisarle que policías de la DIFOC le estaban pidiendo coimas a su amigo Guillermo Greppi, el dueño de la financiera Propyme. “Lo denuncié ante el juez de la causa, ¿qué más podía hacer?”, se excusa. Esa será la línea argumental de su defensa en la causa por encubrimiento que investiga el juez Luis Rodríguez.

No es el tema que más le preocupa. En orden de prioridades aparece su relación con Gustavo Benvenuto, dueño de Adconsa. La firma, que comparte dos socios con su constructora, funciona como un Ente Cooperador, una figura creada durante el gobierno de Alfonsín que permite que el dinero que percibe el Boletín Oficial y otras reparticiones de Legal y Técnica no ingrese al Tesoro nacional. Hay solo dos empresas que gozan de ese privilegio. La otra es la editorial La Ley, pero ésta ya estaba cuando Liuzzi llegó al Gobierno. “El dinero ingresa a un Fondo Cooperador, se descuentan los gastos, como los 500 empleados que tiene la Secretaría o los materiales que implica la publicación del Boletín, y luego se paga a las empresas”, explicó un allegado al funcionario.

Fuente: clarin.com

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