Primero ofrecieron por él 20.000 pesos. Después, 100.000. Al final, dos millones. Si alguien aportaba datos para atrapar a Pérez Corradi, antes de la fuga de los hermanos Lanatta, podía haberse comprado un Gol usado. Después de eso, podía comprar 10 coches cero kilómetro o un departamento de tres ambientes. El prófugo subió su cotización como la fuga de enero le subió la temperatura al verano caliente. Ahora, en pleno invierno, su detención hace saltar el termómetro de la política local, en tiempos de presos famosos y confesiones con tono de arrepentimiento.

Esteban Ibar Pérez Corradi figura entre los argentinos buscados en la página internacional de Interpol y es la última persona, y acaso la única, a la que un joven mayor que él llamado Sebastián Forza le tuvo miedo. “Le tenía terror”, contó su mujer, Solange Bellone, durante el juicio por el crimen. Forza fue asesinado con sus compañeros Damián Ferrón y Leopoldo Bina y sus cuerpos fueron tirados en un zanjón al costado de la Ruta 6, en General Rodríguez, en el invierno de 2008. Fue más que un triple crimen conmocionante: la presentación sobre el negocio narco en la Argentina armado por argentinos que contrataron sicarios argentinos para matar a quienes consideraban traidores argentinos. Que México resultara el país final del contrabando fue casi un detalle.

Pérez Corradi, el hombre que teme morir por sus secretosJusto la semana antes de morir, cuando creía que iba a hacer el mejor negocio de su vida, Forza entregó 200.000 dólares por protección. Lo molestaba la Policía, decía. Y sus competidores. Antes había encontrado una forma de anestesiar al poder buscando impunidad. Había aportado, como otros empresarios del rubro de los medicamentos, a la campaña de Cristina Kirchner en 2007: puso cuatro cheques de 50.000 pesos.

Pero después del alivio transitorio siguió el acoso. No de la Justicia sino de los otros jugadores del extraordinario negocio ilegal descubierto hacía sólo un par de años: Argentina importaba efedrina para medicamentos; México tenía prohibida la importación porque la sustancia era la materia prima de las drogas sintéticas; laboratorios argentinos pedían efedrina a India y China (proviene de la ephedra, una planta que crece en las enormes estepas asiáticas), y se la vendían a los narcos mexicanos. La ganancia era noventa veces superior al costo: la pagaban 50 dólares el kilo y la entregaban a 4.500. Por eso la importación de efedrina creció once veces entre 2004 y 2007, y pasó de dos toneladas anuales a algo más de veinte.

El Estado fue cómplice: los registros de la Secretaría Antidrogas indicaban el aumento desmedido de la importación de efedrina y de la cantidad de laboratorios que pedían permiso para traerla (pasaron de menos de 1.000 a más de 6.000) pero nadie dio el alerta. Según un informe del International Narcotics Control Board (INCB) de las Naciones Unidas, la Argentina declaró en esos años necesitar 88 veces más efedrina que Italia, 30 más que Chile, 7 más que Brasil y 5 más que Estados Unidos. No era para fabricar antigripales.

La Sedronar estaba en manos de José Granero, un íntimo amigo de los Kirchner que tuvo una interna feroz con el ministro de Justicia de aquellos años: Aníbal Fernández, quien quería para sí el control de esa Secretaría. Granero trabajaba en ese momento con una asesora llamada Sandra Oyarzábal, quien era pareja de Augusto Abraham. Este hombre terminó condenado a 11 años de prisión por traficar efedrina en enormes cantidades: en dos años él solo importó lo que toda la industria farmacéutica argentina necesitaría para fabricar antigripales durante 76 años. El nombre de Abraham aparece en la causa del triple crimen, donde se lo señala como uno de los principales proveedores de Pérez Corradi.

Forza andaba en el tema de los laboratorios. Le hablaron del negocio, lo vio, probó y decidió ponerse por su cuenta. Mal paso. No le alcanzaron los 200.000 dólares por protección ni los aportes para la campaña. Los empresarios del negocio narco lo citaron a una reunión en un shopping, lo llevaron engañado junto a sus compañeros y los ejecutaron a los tres. El escarmiento tenía que sentirse pero también tenía que verse. Por eso los empresarios estuvieron “desaparecidos” unos días –la camioneta de Forza apareció intacta, estacionada en el barrio de Flores– hasta que sus cuerpos fueron tirados a la vista de todos, seis días después. Mucho gusto. Los narcos les pagaban así a los “traidores” y les avisaban a los otros aspirantes al negocio que ni lo intentaran, porque esa persiana ya estaba levantada y tenía dueño.

El que citó a Forza y sus amigos al shopping de Avellaneda fue Martín Lanatta, quilmeño, instructor de tiro y con poder en el RENAR como para conseguir permisos de armas a quienes las quisieran. Dólares fáciles, demanda creciente y armas al alcance de un chasquido de dedos. Forza y sus amigos nunca supieron dónde estaban entrando cuando entraron al shopping.

En la novela de la efedrina, la esposa de Forza dijo que su marido le pagó por protección a “La Morsa” quien “tenía bigotes”. Martín Lanatta dice que “La Morsa” era Aníbal Fernández. Y que fue él quien le llevó personalmente el pago de Forza.

El nombre de Pérez Corradi aparece después, cuando empiezan a declarar los imputados y testigos por el triple crimen. Que Forza le tenía pánico. Que le debía una fortuna. Que todos en el turbio mundo de los medicamentos truchos lo conocían. Que era el “nexo” con alguien de “más arriba”. O con alguien “de afuera”. El médico Gustavo Ricchiutto fue más allá: dijo que Pérez Corradi estaba “muy enojado” con Forza y había ordenado que lo asesinaran a cambio de 100.000 pesos. Ahí también surgió que Pérez Corradi tenía a su nombre una constructora en sociedad con Martín Lanatta, vínculos en laboratorios, una mesa dedinero y un crecimiento económico sideral. “Era un chico de Los Polvorines que al poco tiempo se instaló en Martínez y empezó a andar con autos caros y celulares satelitales”, describió alguien que lo conoce bien. Pérez Corradi tiene 38 años y está separado de Liliana, la madre de sus dos hijos.

En marzo de 2008, Pérez Corradi –que hasta 2002 había sido un simple empleado del Banco Nación– fue detenido por pedido de la DEA (la agencia antidrogas estadounidense), que lo acusaba de enviar drogas sintéticas a Estados Unidos por correspondencia. En 2011 lo arrestaron por la causa que investigaba la mafia de los medicamentos y terminó liberado. En marzo de 2012 el fiscal del triple crimen, Juan Bidone, ordenó meterlo preso. No lo encontraron más.

Difícil saber si lo buscaron y, en todo caso, con qué ganas. La Policía Bonaerense tiene un sistema de comunicación interna que roza el ridículo: cualquiera compra un handy, sintoniza la frecuencia policial y escucha en su casa todo lo que hablan los policías del comando de su zona. Comprar equipos encriptados de última generación cuesta 53 millones de dólares, según la cotización que una multinacional del rubro le pasó al gobierno bonaerense poco antes de las elecciones primarias de agosto pasado. El entonces ministro Granados contraofertó 50 millones en 50 cuotas de un millón, pero la Provincia necesitaba el aval de la Nación para endeudarse y el ministro Kicilloff le bajó el pulgar. No fue por el monto: por el sistema del cepo, el Banco Central perdía esa plata (50 millones de dólares) cada día.

Fue para boicotear la campaña de Scioli”, dice uno de sus ex funcionarios. Otros van por una conspirativa peor: con los equipos viejos, muchos policías siguen teniendo la excusa perfecta para anticipar sus movimientos a sus “socios” en las zonas liberadas. Además, si el gobernador sería Aníbal Fernández, como pensaban en agosto, ¿querría encriptar las comunicaciones? Mejor esperar, evaluaron, y rechazaron el pedido de Scioli y Granados.

Según informes de Gendarmería anexados al expediente por el triple crimen, Pérez Corradi salió del país el 26 de julio de 2008, 12 días antes de la desaparición de Forza, Ferrón y Bina. Se fue por Ezeiza a Chile y volvió desde Perú, pero el destino final del viaje fue México. El regreso fue el 10 de agosto. Tres días después, los cadáveres aparecieron en General Rodríguez. Por eso la justicia lo acusa de “autor intelectual”: no estuvo en el país cuando se cometieron los crímenes. El blanco principal fue claro: Ferrón y Bina recibieron 4 tiros cada uno. Sebastián Forza, 7.

Lo que los abogados de Pérez Corradi quisieron negociar con el Gobierno, y no consiguieron, fue el anhelo mayor del prófugo: que su caso se trate en la justicia federal, donde ya tiene una causa por lavado de dinero. Y que no lo extraditen a Estados Unidos. Allí, los datos sobre narcos, policías y políticos argentinos –sus cartas secretas, que acá valen oro–, son chaucha y palitos.

Pérez Corradi tiene para ofrecer lo mismo que le garantizó la libertad todos estos años: información de las vinculaciones del negocio narco con la política. Pero ahora la política cambió de color y entonces su clandestinidad –que probablemente triangule entre el conurbano, Paraguay y Uruguay– ya no es segura: quienes antes lo dejaban escapar a cambio de su silencio ahora quieren encontrarlo antes de que hable con un juez. ¿Pudo haber pasado por el conurbano? Un investigador contesta con otra pregunta: “¿Puede un padre no ver a sus chicos chiquitos durante cuatro años?”.

¿Y si es cierto que no fue él quien ordenó matar? ¿Y si apunta para arriba y lo prueba? Alguien podría estar poniéndose nervioso y Pérez Corradi teme que la larga mano de quien quiera silenciarlo pueda entrar al penal donde lo lleven cuando se entregue, con la forma de un facazo en la espalda mientras duerme o se ducha. Seguridad, es lo que quiere. Como si fuera un ciudadano común.

Fuente: clarin.com

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