La diputada nacional del Partido GEN, Margarita Stolbizer, junto a Héctor Polino -de la Asociación Consumidores Libres- presentaron ante la Justicia una medida cautelar contra el Ministerio de Energía y Minería, el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS) y METROGAS, solicitando se dejen sin efecto las Resoluciones 28 y 34 que dispusieron a partir del 1 de abril los nuevos precios para el gas natural en cuencas productoras y en boca de pozo.

En el escrito solicitan se suspendan los aumentos de tarifas de la distribuidora de gas Metrogas fijadas para el corriente año, se abstenga de tener todo tipo de participación en la Renegociación del contrato de concesión de Metrogas y revisión tarifaria al ministro de Energía y Minería, Juán José Aranguren, al actual interventor del Enargas: David Tezanos y cualquier otro funcionario que se encuentren comprendidos dentro de las incompatibilidades previstas en la ley de Ética pública, y se suspenda la Renegociación y cualquier modificación tarifaria sin que se prevea y se produzca la debida participación de los usuarios afectados.

La oposición, a la Justicia contra el "tarifazo" del gasLa cautelar fue radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 8. Expte. 30786/2016 Los argumentos para la presentación son que las normas no citan cuál es la facultad de la autoridad emisora para fijar precios, carecen de dicha atribución y por tanto existe un exceso en las facultades propias del Ministerio, lo que es violatorio de los principios constitucionales que garantizan a esos efectos los derechos de usuarios y consumidores en el artículo 42 de la Constitución Nacional; tampoco han citado criterios para el establecimiento de los precios que se fijan por cuanto la intervención resulta compleja de aplicación y arbitraria por el mecanismo utilizado; no se ha realizado la Audiencia Pública ni ningún proceso de consulta previa de conformidad a lo que hubiera correspondido; y por último, aparece con claridad el conflicto de intereses a que se refiere la Ley Nacional de Ética Pública, debiendo haber correspondido la abstención de los funcionarios intervinientes.

Pero de manera especial, Stolbizer pone énfasis en los conflictos de intereses que rodean hoy las decisiones en materia tarifaria: “El sector energético está prácticamente autorregulado. Los funcionarios que toman decisiones provienen del mismo sector al que hoy controlan y otorgan aumentos. La Oficina Anticorrupción debería estar ocupándose de resolver estas cuestiones, de dictar un protocolo frente a los multiples casos de conflictos de interés que tiene el actual gobierno. El Ministro, el Secretario, El Subsecretario y el interventor del Enargas tienen intereses o vienen de la industria petrolera y por aplicación de la ley de ética pública se deberían haber abstenido de participar.” La diputada advirtió que las subas en las tarifas que afectan a la población en general debieron hacerse en forma paulatina: “Nosotros comprendemos la necesidad de resolver la situación, pero no era de esa manera; hay que tener mucho más cuidado en la definición de las prioridades y a dónde se apunta. Las subas de tarifas me preocupan como ciudadana y en términos políticos, porque estas son las cuestiones que también debilitan a un gobierno”.

En tanto, diputados del Frente para la Victoria presentarán 60 mil firmas en la Justicia Federal para respaldar el recurso de amparo que pide la suspensión del aumento de la tarifa de gas.

Diputados provinciales del FpV confirmaron que entregarán, 60 mil firmas en la Justicia Federal solicitando la suspensión de los aumentos de las tarifas de gas, en respaldo al recurso de amparo que tiene lugar en el Juzgado Federal N°4 de La Plata, presidido por Alberto Recondo.

En el marco del amparo colectivo que se presentó desde el bloque del FPV en conjunto con la ONG “CEPIS”, diputados provinciales informaron que harán entrega en las próximas horas de “las miles de firmas recolectadas en más de 30 ciudades de la provincia de Buenos Aires junto a intendentes y concejales del Frente para la Victoria”. Las firmas presentadas en el petitorio respaldan el único recurso de amparo que aún está vigente en la justicia federal.

Los bonaerenses, a través de sus firmas, solicitan al juez Alberto Recondo que dicte la suspensión de los aumentos y retrotraiga las tarifas de gas que el ministerio de Energía aumentó sin la correspondiente audiencia pública.

En ese sentido, la diputada provincial Marisol Merquel, indicó que “presentaremos al juez Recondo las firmas de miles de bonaerenses que se ven afectados con este aumento desmedido en la tarifa de gas. Esta medida del gobierno nacional destruye las economías familiares, las PyMEs, las entidades públicas y privadas, los centros de jubilados, los centros culturales y los clubes de barrios”.

Por su parte, el diputado provincial, José Ottavis, afirmó que “venimos reclamando junto a intendentes y concejales que se realice una Audiencia Pública para establecer una tarifa justa y al alcance de todos”. “Estos aumentos ponen en crisis a miles de argentinos. A la “Pobreza Cero” no llegamos con más tarifazos”, sentenció el legislador.

Del mismo modo, el diputado Juan Debandi, aseguró que “el aumento en las tarifas repercute en los valores para la producción, en el aumento de los precios y en el bolsillo de las personas. Además se pone en peligro el funcionamiento de instituciones de la sociedad civil que son fundamentales para procesos educativos y de contención en nuestros barrios, y esto no puede ser indiferente para el Gobierno Provincial y Nacional”.

Asimismo, el diputado Juan Manuel Cheppi sostuvo que “es nuestra responsabilidad como legisladores es hacer frente a las decisiones políticas que perjudican a los bonaerenses. Estos aumentos representan un ajuste brutal, reduciendo el poder adquisitivo de los argentinos y un consiguiente enfriamiento de la economía que lleva directamente a frenar el mercado interno y afectan profundamente al pueblo trabajador”.

De la misma manera, el diputado Aníbal Regueiro afirmó que “realmente esto nos duele mucho, vamos a estar trabajando para que se revierta el aumento y se garanticen los derechos de la comunidad. Por eso estamos con distintas instituciones, ONGs, intendentes, diputados, todos juntos tratando de que este gobierno entienda que tiene que tomar medidas que beneficien a nuestro pueblo”.

Por último, la diputada provincial Rocío Giaccone remarcó que “el aumento planteado por Macri y Aranguren, no sólo representa un impacto negativo en los sectores productivos, sino también en instituciones barriales y organizaciones sin fines de lucro que son fundamentales en los procesos sociales, educativos y culturales de nuestro pueblo”.

Fuente: clarin.com

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