Se trata de la investigación en la que se la relaciona con prostíbulo de Recoleta donde se fue fotografiado y se sospechó le daba protección policial.

El senador nacional Mario Cimadevilla y el diputado Oscar Aguad, integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de la UCR, pidieron este jueves que el juez federal Norberto Oyarbide sea enviado a juicio político por una parte de la causa del prostíbulo masculino “Spartacus” por la que no fue juzgado en 2001.

Fuentes judiciales informaron a DyN que la presentación fue hecha ante el presidente del Consejo, Alejandro Sánchez Freytes, en base a una denuncia que presentó el ex secretario de Justicia y ex diputado nacional menemista César Arias.

Arias fue uno de los integrantes de la Comisión de Juicio Político de Diputados que investigó a Oyarbide por “Spartacus” (el prostíbulo del barrio de Recoleta en el que el juez fue fotografiado y que se sospechó que le otorgaba protección policial), y que decidió en octubre de 1998 enviarlo a juicio político por mal desempeño y conductas encuadrables en delitos o crímenes comunes.

El Senado de la Nación absolvió a Oyarbide el 11 de septiembre de 2001, el mismo día en que dos aviones derribaron las Torres Gemelas en Nueva York, y el juez volvió a su cargo.

El ex diputado peronista hizo una presentación en el Consejo en la que explicó que el Senado rechazó los cargos por mal desempeño contra Oyarbide pero omitió tratar los vinculados a los crímenes comunes.

“Ninguna otra actuación corresponde a este Consejo de la Magistratura que no sea elevar al Jurado de Enjuiciamiento el expediente, a los efectos del tratamiento y decisión de los cargos (delitos comunes), no alcanzados por el fallo del Honorable Senado de la Nación que sólo analizó la causal de mal desempeño”, sostuvieron

Aguad y Cimadevilla en su presentación Oyarbide tiene varias acusaciones ante el Consejo de la Magistratura, y una de las últimas es la relacionada con la suspensión de un allanamiento a una mutual después de recibir un llamado del subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi.

Liuzzi pidió al juez que suspendiera el operativo después de recibir un llamado del dueño de la entidad, Guillermo Greppi, quien le informó que se estaban cometiendo irregularidades.

Esto le valió a Oyarbide un pedido de juicio político, pero los representantes del kirchnerismo en el Consejo de la
Magistratura, contrariamente a la pretensión de los opositores de citarlo inmediatamente, impusieron su criterio y otorgaron al juez la posibilidad de hacer su descargo por escrito.

Días después Oyarbide elevó la nota al Consejo, en la que, previsiblemente, negó haber actuado de manera irregular.

Fuente: iprofesional.com

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