Ante la falta de presentación de balances de Hotesur, la Inspección General de Justicia (IGJ) debería haber emitido un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF), el ente que investiga los casos de lavado de dinero.

El 27 de marzo del 2012, la IGJ aprobó una resolución que puso en funcionamiento el “Manual de Políticas y Procedimientos Para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.

En su primera página, ese texto técnico informa que la ley 25.246 “confiere” a la IGJ “el rol de Sujeto Obligado en la Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.

La IGJ debe “velar por el cumplimiento” de varias resoluciones de la UIF en materia de prevención de lavado de dinero.

Es por eso que el organismo impuso el “manual” propio para determinar cómo actuar ante posibles casos de lavado cometidos por las sociedades comerciales.

Entre las circunstancias que se deben tener en cuenta para emitir un ROS ante la UIF, se encuentran al menos dos que podrían haberse usado en el caso Hotesur.

La primera tiene que ver con maniobras que se pueden usar para esconder quiénes son los “beneficiarios” de las empresas. En el caso Hotesur, la IGJ no conoce la identidad de sus accionistas. El punto del “manual” sobre esta cuestión dice que la Inspección puede emitir un ROS ante “cualquier situación, actuación o omisión tanto de persona física como jurídica que tenga por finalidad ocultar la identidad y/o información que el organismo esté obligado a brindar conforme la normativa vigente”.

El segundo punto que se cumple en el caso Hotesur es el que determina que la falta de presentación de balances contables podría generar una sospecha de intento de lavado. El texto dice así: “Cualquier situación, actuación u omisión en el trámite, ya sea de persona física o jurídica, que se considere injustificada y/o poco común y/o poco frecuente para el tipo de trámite que se le ha asignado para efectuar su trabajo habitual”.

El mismo texto de la IGJ dice que quien incumpliere con el “manual” anti-lavado del organismo quedará sujeto a las sanciones que impone la Ley de Empleo Público.

Fuente: iprofesional.com

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