La apelación a la historia bíblica luce tan obvia que es casi imperdonable apelar a ella, pero la potencia de la alegoría es insuperable: después de casi dos meses preso, Lázaro se levantó y comenzó a andar. Su primer paso, el viernes, fue el pedido a la Cámara Federal para que lo escuche en una audiencia pública con motivo del análisis de su procesamiento. Hoy, aquel tranco se convertirá en trote. Según supo Clarín, el zar de la obra pública K firmaría y entregaría al juez Casanello un escrito con detalles sobre el reparto de la obra pública en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, los nombres de los funcionarios que participaban de la operación y ciertas martingalas que cargaban los dados en distintos momentos del proceso.

De concretarse como está prevista, la presentación “por derecho propio” de Báez aumentará en unas cuántas libras la presión que el juez comenzó a sentir la semana pasada para subir en la investigación por encima del empresario, hacia los funcionarios públicos que repartieron los millonarios recursos del Estado para realizar obras que en demasiados casos sólo se ejecutaron en la contabilidad de sus adjudicatarios. O quizás no sólo en la de ellos.

Báez entregaría hoy al juez datos sobre el reparto de la obra pública“Es la segunda jugada de una nueva estrategia”, dice a este diario uno de sus autores, que aún no figura en los escritos judiciales. “Antes de que la Cámara defina la fecha de la audiencia pública que Báez pidió para hablar de su procesamiento, este escrito va a explicar con precisión cómo era la forma de ejecutar la obra pública en la era kirchnerista. Es un anticipo de las cosas que piensa contar y mostrar en la audiencia”, cerró el misterioso abogado.

La recusación de Casanello que Leandro Báez -hijo menor de Lázaro- presentó el jueves pasado y que el juez rechazó casi de inmediato, contenía el germen de una idea que sería reforzada por su padre en los próximos días, y que en resumen seguiría la siguiente secuencia: el magistrado es parcial, intenta “direccionar” y delimitar el caso a una aislada operación de lavado de dinero realizada por Báez y sus colaboradores (como el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, por ejemplo), y ya tiene decidido no investigar a los funcionarios públicos que participaron de la entrega de los fondos que habrían dado origen a toda la operación, o mejor dicho al sistema en el que se desarrollaban múltiples operaciones.

Por supuesto, Casanello rechaza esta argumentación y niega con énfasis y sin resquicios que en algún momento se hubiera reunido, conversado y mucho menos trapicheado el destino de la causa con Cristina Fernández o sus funcionarios de más confianza, como Eduardo “Wado” De Pedro, Julián Alvarez y Juan Martín Mena. En los últimos días se multiplicaron las versiones hasta supuestos detalles de esas hipotéticas negociaciones que dejarían al juez en posición de knock out.

En Tribunales, a su vez, las miradas también se dirigen hacia la fiscalía general ante la Cámara Federal, cuyo titular Germán Moldes está de liciencia temporaria. Su reemplazante ocasional, Diego Velazco, es escrutado bajo una lupa: su paso por Tucumán, enviado por la procuradora Alejandra Gils Carbó, le dio una inesperada bocanada de aire al ex jefe del Ejército César Milani en la causa que investiga la desaparición del conscripto Agapito Ledo en 1976, en la que el general retirado está muy seriamente comprometido.

Fuente: clarin.com

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